Conclusión del curso

A lo largo de estos últimos cuatro meses la línea Organismos de control distrital y DDHH,  ha estado analizando la gestión de la Personería, Veeduría y Contraloría, corroborando si estos organismos cumplen su función de manera eficiente. Durante este tiempo se han recolectado noticias en las que se evidencia una insuficiencia parcial de los organismos de control, debido a la participación procedimental de dirigentes corruptos y las consecuencias que estos conllevan, además del corto radio de acción que según la opinión de 3 académicos, - evidenciada en la salida de campo 3-  debería ser amplificada con caulidades como el inserción directa en procesos penales sobre las irregularidades registradas diariamente por dichos organismos. Por otra parte, el método de selección de los funcionarios de dichos organismos debe transformarse ya que al haber intereses involucrados la meritocracia se ve reducida. Un claro ejemplo son los desfalcos económicos presentados en la capital, adecuados a la frecuencia de las obras inconclusas, contratos irregulares con entes públicos, entre otros. Todo esto gira en torno a la falta procedimental fiscal y a los intereses personales, que vienen situados con cada gobernante y a la falta de presión y conocimiento por parte de la ciudadanía – evidenciada en la salida de campo2-, ya que al existir un notorio distanciamiento, los organismos no cuentan con cuerpos que supervisen el flujo de sus acciones; es por esto que se disminuye la calidad de servicio de las entidades públicas del estado y al suceder esto, el sujeto que quiere obtener un servicio de calidad ofrece dinero a cambio de un buen servicio. Cabe resaltar que la falta de educación cotidiana en sectores administrativos, permite comprobar mayor distanciamiento y menor vigilancia de las acciones ejercidas por parte de los órganos.

Así mismo ocurre con los derechos humanos en Bogotá, estos son vulnerados a pesar de las políticas públicas que impulsan su incentivamiento, no solo en la capital si no en todo el país, se puede decir que las mujeres a través de los recientes feminicidos, niños y ancianos son los que sufren con más frecuencia. En Bogotá, cada vez que las EPS niegan citas médicas, medicamentos, están omitiendo un derecho constitucional como el acceso eficiente  a la salud y cada vez que los ciudadanos deben poner tutelas o acudir a algún mecanismo de defensa para buscar la protección del derecho a la salud. La fricción generada en la administración y el financiamiento de las entidades públicas genera polémicas contundentes en la salud de los bogotanos. Sin embargo, es meritorio resaltar que los ciudadanos son culpables en cierta medida de dichas dinámicas ya que se presentan altos desajustes financieros al cancelar citas previamente programadas con médicos generales y especializados.

Finalmente es posible afirmar que Bogotá se encuentra hoy en día en una situación precaria con respecto a los órganos de control, con todos estos incidentes que casi siempre suelen afectar a las zonas más vulnerables; en las salidas de campo realizadas se pudo establecer que la mayoría de los ciudadanos no identifican a los órganos de control distrital, ni conocen sus respectivas funciones en el sector distrital. También durante los seguimientos que se realizaron a los órganos de control se puede observar que los órganos de control distritales no actúan en modo de prevención, y el reducido personal opositorio podría prestarse para proponer especulaciones. Las acciones de los órganos distritales basadas en vigilar y supervisar son funciones coyunturales que deberán seguir en cuestionamiento debido a su gran implicación sociopolítica.